La información y las respuestas contenidas en la diversidad de recursos genéticos de las especies silvestres es un valor estratégico clave para la producción de alimentos, medicamentos y otros productos fundamentales para el desarrollo humano.
Este patrimonio es estratégico para impulsar un desarrollo productivo sostenible, por lo que resulta fundamental garantizar su conservación a través de un uso sostenible, con una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
Argentina es signataria del Protocolo de Nagoya desde 2011.
Este Protocolo es un acuerdo que nace a partir de la histórica reivindicación de los países en desarrollo para garantizar el reparto justo y equitativo de los beneficios que se obtienen de la explotación de los recursos genéticos.
El objetivo final del Protocolo es que los recursos genéticos que son utilizados por empresas u organismos (pertenecientes o no al país de origen de esos recursos) produzcan también beneficios al país de donde fueron extraídos esos recursos genéticos.
Se pretende generar incentivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, fundamentalmente debido al hecho de que la conservación de las especies y su diversidad genética constituyen un instrumento para el desarrollo con inclusión social.